Esta iniciativa fue pensada y llevada a cabo con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA): las patronales del campo. Esas que siembran transgénicos, inundan la tierra con veneno y cosechan granos exportables completamente contaminados y tóxicos.

A través de “beneficios fiscales e impositivos” (sí, más) este plan busca “consolidar al país como líder agroalimentario”. Pretenden engañar: su fin principal es aumentar las exportaciones de los cultivos que más divisas generan, entre ellos: soja, maíz y trigo.

Y si se quieren aumentar las exportaciones la consecuencia lógica de esta decisión es aumentar la superficie con este tipo de granos (siempre transgénicos). O sea, más desmonte, más conflictos por la tierra, más criminalización de la protesta social (porque este modelo no avanza sin represión).

Los actores dentro del CAA son todavía más poderosos que aquellos que protagonizaron el conflicto por la resolución 125. Representan a capitales internacionales mucho más concentrados. Su cara más visible es Gustavo Idigoras, quien entre 2014 y 2018 fuera ejecutivo de Monsanto, que ahora es Bayer.

Y como si todo lo dicho fuera poco, resulta que el mismo día del lanzamiento del proyecto de ley agroindustrial el Indec difundió que la pobreza afecta al 40,6 por ciento de la población de Argentina, y la indigencia llega al 10,7 por ciento. Siendo que seis de cada diez chicos de Argentina resultan ser pobres.

Claramente, por acá no es. No queremos más granos transgénicos de exportación tóxico-dependientes, necesitamos alimentos sanos, seguros y soberanos.

Tenemos una alternativa: agroecología y Soberanía Alimentaria.

Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria (REDASA).